Los abajo firmantes, organizaciones representantes de los pequeños y medianos agricultores e instituciones de la sociedad civil que trabajamos en las zonas rurales, preocupados por la actual situación de las familias del campo, agravada por los fenómenos ligados al cambio climático y el abandono estatal, expresamos lo siguiente:

1. En la agricultura familiar laboran más de 3.8 millones de trabajadores y trabajadoras. Estos productores proporcionan más del 70 % de los alimentos a la población peruana.
2. El actual gobierno ha expresado recurrentemente su preocupación por la agricultura familiar; sin embargo, poco o nada se ha hecho. No ha tenido en cuenta la participación de los pequeños agricultores  en las políticas ni en los presupuestos.
3. Desde el Estado se han priorizado las grandes obras de infraestructura vinculadas a un modelo de desarrollo basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), promoviendo el extractivismo, la producción de energía a partir de combustibles fósiles; y en el caso del sector agrario, el modelo se concentra en la agricultura intensiva y la expansión de la agroindustria, acompañado de patrones insostenibles de producción, uso intensivo de agro tóxicos, entre otros. 
4. No existe una política de  previsión y la falta apoyo del gobierno se hace evidente, los pequeños agricultores siguen abandonados a su suerte y la demanda de alimentos está creciendo mientras que la tierra y el agua se están degradando y se evidencia  cada vez más la pobreza rural. Todo esto agrava la vulnerabilidad frente al cambio climático y limita la capacidad de adaptación.
5. Hace dos años, se presentó en el país el Fenómeno El Niño Costero, con inundaciones y huaycos en diversas regiones, trayendo graves perjuicios para la agricultura familiar. El gobierno creó la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios ANRC con un presupuesto de más de 25,000 millones de soles,  que debió atender los problemas de conectividad y ayudar a los productores y productoras agrarios a recuperarse de las pérdidas sufridas. Sin embargo, este año nuevamente se registraron lluvias intensas, huaycos e inundaciones,  causando graves pérdidas a la pequeña agricultura familiar.  Una vez más la falta de previsión y apoyo del Estado se hace evidente.  .
6. Asimismo, aunque 70 % del trabajo en la agricultura familiar está a cargo de mujeres, ellas están invisibilizadas en los planes de Reconstrucción a nivel local, regional y nacional. Ellas son las que presentan más dificultades para el acceso a la tierra y a los recursos necesarios para la producción agrícola.

Para afrontar esta situación exigimos al gobierno:

1. Una política agraria integral para garantizar la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, en que el Estado asuma una perspectiva de desarrollo sustentable integral y territorial, elevando la inversión pública en la Agricultura Familiar, priorizando los planes de adaptación al cambio climático, reconociendo la capacidad de resiliencia de los sistemas de producción agroecológica, e incentivando programas de capacitación y asistencia técnica que consideren las necesidades de las mujeres de forma diferenciada.
2. Implementar en forma inmediata un catastro de la agricultura familiar en el país, que de cuenta de la situación, las amenazas presentes y las medidas necesarias para prevenir nuevos desastres.
3. Mejorar la infraestructura de riego, bocatomas, equipos de riego, centros de acopio, plantas procesadoras de alimentos, y modernizar los equipos y maquinarias agrícolas, a través de los mecanismos de acceso a incentivos y servicios de financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas de la agricultura familiar y comunitaria.
4. Avanzar con la implementación del ordenamiento territorial, que  debe hacerse de la mano con los gobiernos locales, acompañado de desarrollo de capacidades en gestión del riesgo de desastres. La degradación ambiental y el cambio climático amenazan el equilibrio ecológico, por tanto, se deben poner en práctica las medidas de mitigación y adaptación en el territorio nacional, en diálogo con las autoridades locales, regionales y organizaciones de la sociedad civil, priorizando la gestión de cuencas hidrográficas en el  ordenamiento territorial. 

Adherentes:

Asociación Nacional de  Pproductores Ecologicos del Peru ANPE

Conferederación Nacional Agraria CNA

Federación Nacional de Mujeres Campesinas (FEMUCARINAP),

Consorcio Agroecológico Peruano CAP

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC

Grupo Peru Ambiente y Clima GPAyC

Propuesta Ciudadana

Centro Peruano de Estudios Sociales  CEPES

Mesa Temática de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud  

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

La Asociación Nacional de Centros ANC 

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú

FOVIDA Fomento de la Vida

Centro de Educación y Comunicación ILLA

El Centro de Desarrollo Étnico – CEDET.

Centro de Estudios y Prevención de Desastres – Predes

                      Lima 07 de marzo de 2019